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Para Flor García, la aprobación final de una del estado de que busca erradicar el trabajo en las plantas que abastecen a las corporaciones es un acto de reinvindicación personal.

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Foto de archivo de una víctima de la esclavitud en el Lanzamiento de la Slavery to Freedom en el Museo de Tolerancia - Ciro Cesar/La Opinion

Ayer, esta oriunda de Puebla, que cayó en una red que obligaba a sus víctimas a trabajar 17 horas diarias, siete días a la semana elaborando ropa en un taller de costura, acompañó al cuando este firmó la de Transparencia de Proveedores Industriales (SB657).

El proyecto, en palabras de su autor, el senador estatal y presidente de esa Cámara, Darrel Steinberg «no es una bala de plata para acabar con el trabajo forzado, pero ayudará a salvar vidas, y es nuestra responsabilidad llevarla a cabo».

García llegó a este país en 2001 atraída por una oferta para trabajar en Estados Unidos. Poco antes había perdido un hijo por falta de atención médica y accedió a emigrar para cubrir las necesidades de los tres restantes. Su «contratista» resultó ser una mujer de su propia comunidad poblana que se especializaba en reclutar a otras mujeres para ser explotadas en ciudades estadounidenses.

«Yo fui un blanco fácil del trabajo porque tenía necesidad de mantener a mis tres hijos», explicó a la audiencia que acudió al Museo de la Tolerancia en para presenciar la sanción del estatuto.

Esta obliga a las compañías que facturan más de 100 millones de dólares en ventas globales a informar a sus clientes sobre las medidas que toman para evitar que los productos que venden sean elaborados con mano de obra esclava.

Entre las preguntas que esas empresas deben satisfacer están: ¿Cuentan con inspectores independientes que verifiquen que sus abastecedores no emplean labor forzada? ¿Disponen de personal para detectar ese tipo de abusos en la industria? ¿Tienen estos el debido entrenamiento para llevar a cabo esa labor fiscalizadora? Como parte de las obligaciones que se derivan de la ley, esas firman tienen la obligación de practicar visitas sorpresas a las plantas donde se manufacturan sus productos, y sus proveedores deben certificar que cumplen con las leyes laborales y de seguridad industrial locales e internacionales.

La Coalición para Abolir el Esclavismo y el Tráfico (CAST) fue fundada en 1998, poco después de descubrirse en El Monte un taller de trabajo en que un grupo de inmigrantes tailandesas eran retenidas por la fuerza y obligadas a trabajar para sus captores.

La fue coauspiciada por CAST y por la Alianza para Frenar el Esclavismo y Combatir el Tráfico Humano (ASSET).

Los sectores empresariales no ven con buenas ojos la nueva ley. La Asociación de la Manufactura y la Tecnología de California (CMTA) sostiene que los fabricantes del estado ya están comprometidos con numerosas iniciativas mundiales para mejorar la condición laboral y prevenir abusos. Además, recalca que el tráfico internacional de seres humanos no es un problema estatal.

«La sanción del a la incrementa los costos de fabricación en y expone a los fabricantes a nuevos y costosos litigios», dijo recientemente la CMTA.

dijo que la cifra de personas que son traídas al país como llegan a 50 mil anuales y que alberga miles y miles de víctimas de esa forma de explotación.

Leído en: impre.com

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